El PSPV ve "indecente" que, en plena crisis, se gaste un millón de euros en adquirir viviendas para derribarlas
22.03.2013 | 01:38
Levante-EMV » Valencia
h. g. valencia
La memoria de actividaes y las cuentas anuales de 2012 que ayer aprobó la sociedad municipal Plan Cabanyal-Canyamelar evidencian un pobre balance en lo tocante a los avances en el proyecto de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y más pobre aún en el desarrollo del resto de actuaciones previstas, más allá del derribo de las 1.600 casas de la linea de la prolongación.
El Ayuntamiento de Valencia, que mantiene bloqueadas las licencias de obras en el todo el conjunto histórico del Cabanyal en aplicación estricta de la orden ministerial que considera expolio el plan urbanístico de la prolongación, gastó el año pasado un millón de euros en la compra de 18 casas afectadas por los derribos.
El ayuntamiento ha adquirido en los quince años desde la aprobación del plan del Cabanyal 537 de las 1.651 viviendas afectadas por la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar, lo que representa el 35% del total de los inmuebles. La alcaldesa, Rita Barberá, no ha conseguido que Mariano Rajoy desbloquee el plan urbanístico como ella anunció si ganaba el PP. El futuro del plan del Cabanyal sigue pendiente de un dictamen del Tribunal Constitucional que se demora ya más de dos años.
En este sentido, el concejal socialistaVicent Sarriá aseguró que es "absolutamente indecente gastar un millón de euros en comprar casas para luego derribarlas en unos tiempos de crisis donde todas las energías de los gestores públicos deben dedicarse a generar actividad económica y empleo y paliar el sufrimiento de las personas". Sarrià reclamó que el esfuerzo económico se destine "a la rehabilitación y revitalización social y comercial del Cabanyal lo que además generará puestos de trabajo". Sarrià criticó que el gobierno local destine más de 400.000 euros a gastos de personal de la sociedad Plan del Cabanyal "para ejercer una actividad absolutamente improductiva".
La memoria de actividaes y las cuentas anuales de 2012 que ayer aprobó la sociedad municipal Plan Cabanyal-Canyamelar evidencian un pobre balance en lo tocante a los avances en el proyecto de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y más pobre aún en el desarrollo del resto de actuaciones previstas, más allá del derribo de las 1.600 casas de la linea de la prolongación.
El Ayuntamiento de Valencia, que mantiene bloqueadas las licencias de obras en el todo el conjunto histórico del Cabanyal en aplicación estricta de la orden ministerial que considera expolio el plan urbanístico de la prolongación, gastó el año pasado un millón de euros en la compra de 18 casas afectadas por los derribos.
El ayuntamiento ha adquirido en los quince años desde la aprobación del plan del Cabanyal 537 de las 1.651 viviendas afectadas por la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar, lo que representa el 35% del total de los inmuebles. La alcaldesa, Rita Barberá, no ha conseguido que Mariano Rajoy desbloquee el plan urbanístico como ella anunció si ganaba el PP. El futuro del plan del Cabanyal sigue pendiente de un dictamen del Tribunal Constitucional que se demora ya más de dos años.
En este sentido, el concejal socialistaVicent Sarriá aseguró que es "absolutamente indecente gastar un millón de euros en comprar casas para luego derribarlas en unos tiempos de crisis donde todas las energías de los gestores públicos deben dedicarse a generar actividad económica y empleo y paliar el sufrimiento de las personas". Sarrià reclamó que el esfuerzo económico se destine "a la rehabilitación y revitalización social y comercial del Cabanyal lo que además generará puestos de trabajo". Sarrià criticó que el gobierno local destine más de 400.000 euros a gastos de personal de la sociedad Plan del Cabanyal "para ejercer una actividad absolutamente improductiva".
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