Todo el poder para la ciencia

No es razonable que en un país que debería salir de la crisis con un modelo económico y social distinto se marginen aquellas actividades, como las científicas, que están en la base de nuestras opciones de futuro

En el barómetro de Demoscopia sobre confianza institucional publicado recientemente aparece una vez más que los colectivos que merecen más confianza a los ciudadanos españoles son los científicos, esta vez seguidos de los médicos. En cambio, las profesiones que menos confianza producen son bancos, partidos políticos y los políticos. Parece un mundo al revés. En una sociedad democrática los ciudadanos otorgan a un colectivo la confianza para que gobierne, pero finalmente resulta ser este en el que menos confían. En cambio, en estos momentos aquellos en quien más confían tienen problemas para llevar a cabo su trabajo e incluso para sobrevivir. ¿Deberíamos dar la vuelta al sistema y proponer que sean aquellos en quienes más confían los ciudadanos, científicos y médicos, los que gobiernen?
Algo así proponía Platón en su diálogo La República. En esta obra célebre proponía que una aristocracia del saber fuera la que tomara las riendas del Gobierno. Este concepto ha ido rondando por las ideas políticas durante siglos y ha servido principalmente para justificar Gobiernos totalitarios. La historia nos enseña que no hay alternativa sensata a los sistemas democráticos aunque parecería apropiado hacer reformas para que la confianza del ciudadano en el sistema político se recupere. Es cierto que la presencia de científicos o médicos en los Gobiernos no es frecuente, pero tampoco extraña. Por ejemplo, el primer Gobierno socialista en 1982 tuvo una buena representación de miembros con formación científica y no deja de ser uno de los mejor recordados de los últimos años. El actual Gobierno solo tiene un miembro con formación médica y justamente en una función no relacionada con ello.
La relación entre ciencia y Gobierno se da en las dos direcciones posibles. Por una parte los Gobiernos se enfrentan cada vez más a cuestiones en las que deberían tener en cuenta los datos que proporciona la ciencia. Cuando hablamos de energía, de salud, de medio ambiente o de agricultura, por poner unos ejemplos, los Gobiernos necesitarían disponer de los mejores datos posibles sobre estas cuestiones, elaborados de forma transparente e independiente y para ello deberían contar con el consejo de los científicos. Es posible que sea este punto uno de los aspectos que los ciudadanos valoran de científicos y médicos. Si estos hacen bien su trabajo, los resultados deberían estar producidos con objetividad y estar dirigidos a ayudar a que la sociedad tome sus decisiones de la mejor manera posible. Distinguir entre quienes asesoran y quienes deciden es esencial en una sociedad democrática, pero que de forma transparente las decisiones se tomen tras valorar los mejores datos científicos disponibles parece imprescindible. Los Gobiernos de los países más avanzados suelen tener instancias para consultar a la hora de tomar decisiones, algo prácticamente desconocido en España.
Por otra parte la ciencia (como la sanidad o la educación) necesita del Gobierno. Es absolutamente ilusorio pensar que la iniciativa privada va a financiar la investigación científica en su totalidad. En parte pueden hacerlo fundaciones privadas, y en este sentido el mecenazgo es importante. Pero en todos los países avanzados está claro que hay una división del trabajo entre la financiación de la investigación de iniciativa autónoma de la que salen las ideas nuevas, y la financiación de la investigación dirigida a resolver cuestiones concretas de interés para la sociedad y la industria que tiene que estar basada en la financiación privada. La investigación creativa, en todos los países del mundo, es una competencia del Estado que tiene que velar, desde luego, para que sea de la mejor calidad posible. Y es en este punto en el que la realidad actual muestra su aspecto más descorazonador.
Pere Puigdomènech 1 FEB 2013
El Pais, Opinión