El Cabanyal valenciano, territorio ‘mobbing’
Sergi Tarín
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20/09/2013
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Blanco, ocre y marrón. Colores de guerra. Trepan paredes de abajo a
arriba y rodean solares sobre las aceras de San Pedro y Lluís Despuig.
Se dispersan en medianeras y puertas tapiadas por José Benlliure o
Barraca. En la señorial calle de la Reina contrastan con los verdes y
azules de las fachadas modernistas. Y ya cerca de la arena amortajan
viejos talleres abandonados. Con este fondo pálido ha pintado la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), el pedazo de Cabanyal que le
pertenece. Un territorio que ha ido comprando poco a poco, durante la
última década, con el único objetivo de derribarlo y hacer hueco a la
avenida de Blasco Ibáñez en su camino hacia el mar.
Pero la destrucción del Cabanyal no es una idea original de la
longeva alcaldesa (desde 1991). Es, en todo caso, la expresión más
extrema del desprecio histórico de la ciudad hacia Poble Nou de la Mar,
el antiguo municipio de pescadores que, ahogado por las deudas y contra
la voluntad de sus vecinos, se anexionó en 1897. Es a partir de los
sesenta, en plena urticaria de ladrillo, cuando la ciudad arrasa con la
huerta que la circunda y en unos años se planta en El Cabanyal. Descubre
entonces que la playa existe y que la antigua cuadrícula de calles
porteñas es un estorbo. Se proyecta abrirla por la mitad, pero la
decisión se aplaza por su elevado coste.
La amenaza cala hondo entre los vecinos, que dejan de invertir en sus
casas. Los jóvenes se independizan fuera del barrio y la población
envejece. En 1988, cuando se aprueba el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), el casco histórico de pescadores está repleto de
inmuebles vacíos. La lucha entre arquitectos municipales es encarnizada:
demolición frente a rehabilitación. La memoria del plan es un puro
ejercicio de esquizofrenia. Por un lado se declara el barrio Conjunto
Histórico Protegido con un catálogo de 773 edificios y por otro se
considera “irrenunciable” el proyecto de ampliación de la avenida.
Finalmente, el barrio se deja como está.
Con este panorama Rita Barberá llega a la alcaldía en 1991 y con una
sola idea en la cabeza: prolongación. La primera es una legislatura de
tanteo. Sus socios de gobierno, los regionalistas de Unió Valenciana,
mantienen una posición ambigua sobre el asunto, más aún después de que
El Cabanyal sea declarado en 1993 Bien de Interés Cultural (BIC). Pero
tras su victoria por mayoría absoluta en 1995, Barberá prepara el
terreno. Las noticias en prensa sobre la ampliación se multiplican y el
Partido Popular echa mano de fondos municipales para anular posibles
resistencias. En 1997 se asigna el 80% del presupuesto de la Concejalía
de Mercados al del Cabanyal. Y al año siguiente, la Junta Central de la
Semana Santa Marinera, con fuerte arraigo social a través de decenas de
cofradías, percibe 12 millones de pesetas, tres más que el año anterior.
Cronista de odios
La única oposición proviene de la Asociación de Vecinos, muy
minoritaria y con poca incidencia. Barberá lo ve claro y el 24 de julio
de 1998 el pleno municipal encarga la redacción del Plan Especial de
Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, con la propuesta
estrella de derribar 1.651 casas de alto valor patrimonial para dejar
una anchura de 133 metros a la ampliación de Blasco Ibáñez. La alcaldesa
está resplandeciente. Siente que su rúbrica quedará estampada para
siempre en la ciudad.
“Nadie nos esperaba. Ni nosotros mismos nos conocíamos”. Así se
expresa Faustino Villora, uno de los fundadores y portavoz durante una
década de Salvem El Cabanyal, plataforma que desde 1998 agrupa a los
vecinos que se oponen al plan del Partido Popular y cuya consigna es
“rehabilitación sin destrucción”. Ese año midieron fuerzas con 6.000
manifestantes en el barrio y más de 4000 sugerencias en contra del PEPRI
que el Ayuntamiento desechó. Un año después, la alcaldesa los vio de
cerca durante la inauguración de un jardín en el barrio. Cincuenta
vecinos la recibieron con ruido de sartenes. La primera edil rompió el
protocolo y cuando se acercó a besar una anciana, ésta intentó
abofetearla. El pánico se apoderó de Barberá y se refugió a la carrera
en una fábrica textil cercana. “Aunque la mujer no pertenecía a Salvem,
la alcaldesa nos atribuyó la afrenta y maduró en ella un rencor que aún
le dura”, recuerda Villora.
Lluís Cerveró es testigo y cronista de los odios de Barberá hacia
Salvem y el barrio. Dan para escribir un libro y es lo que ha hecho. El
Cabanyal, per exemple, un tomo de casi 300 folios aún inédito. “O un
ejercicio de masoquismo”, como lo define el propio autor, que ha
dedicado dos años de examen minucioso a todas las noticias que, desde
los noventa, ha publicado la prensa. Cerveró es hijo del Cabanyal. Nació
en el número 73 de la calle de la Reina, en plena zona de prolongación.
Uno de los momentos álgidos, explica, ocurrió cuando en 2002 Salvem
recurrió el PEPRI ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano
(TSJCV) y se declaró su suspensión cautelar. “Fue un golpe para la
alcaldesa, quien entendió que Salvem era un firme obstáculo para sus
propósitos”.
A partir de ese momento, la mano del Ayuntamiento se tensa sobre la
yugular del barrio. Ya no la soltará. “Sin prolongación, no habrá
inversiones”, esgrime Miguel Domínguez, concejal de Urbanismo. El barrio
empieza a consumirse. Muchas viviendas vacías se han ido ocupando. En
algunas se vende droga y se organizan peleas de gallos y perros. La
permisividad policial genera un efecto llamada al que acuden decenas de
familias en situación precaria. La pobreza se encharca en El Cabanyal y
Barberá acusa a Salvem de la parálisis. La convivencia se envenena.
“Villora, fill de puta”, escriben sobre la fachada del portavoz de
Salvem y escupen a sus hijos cuando vienen de la escuela. Funcionarios
de AUMSA, empresa municipal, presionan a los vecinos para que vendan sus
casas a menos de 500€ el metro cuadrado, tres veces por debajo del
precio de mercado. “O vendes o te expropiamos”, amenazó a Maite Bacete,
profesora de danza, una funcionaria de AUMSA que se negó a
identificarse. Una modalidad algo más refinada que el “Puta, baja, que
te vamos a arrastrar de los pelos si te vemos por El Cabanyal”, que le
vociferaron unos ocupantes a los que reprendió por tirar escombros desde
el balcón.
Todo esto en la calle. Mientras, en los despachos, el Partido Popular
ejercita su mayoría absoluta en el Ayuntamiento y Les Corts modificando
la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano para permitir intervenciones
en cascos históricos “siempre que se eviten usos degradantes”. El nuevo
articulado se aprueba el 6 de octubre de 2004 y el 14 de ese mismo mes,
el TSJCV falla a favor de la prolongación porque corregirá “usos
degradantes”. Para forzar coincidencias y azares se ha tenido que
alterar la sala de lo Civil dejando fuera dos magistrados críticos con
el PEPRI e incluyendo, sin ninguna justificación, a tres favorables. Uno
de ellos, José Manuel Domingo Zaballos, fue recusado por Salvem tras
aportar pruebas de su amistad con Barberá, invitada de honor a la boda
con su segunda mujer.
El despacho de Barberá
La paleta de grises se fabrica en Reina 105. Allí está la sede del
Plan Cabanyal-Canyamerlar, la oficina del Ayuntamiento en el barrio. Un
edificio enladrillado que comparte vecindad con algunas joyas del
modernismo popular, casas de fachadas estampadas en azulejos y remates
de esculturas laicas. Manifestaciones profanas de la corriente de moda
en Europa a finales del XIX y principios del XX, cuando las viejas
barracas dieron paso a construcciones más sólidas. Estas viviendas,
junto a la trama en retícula de calles anchas paralelas al mar, llevaron
al Ministerio de Cultura a emitir una orden en diciembre de 2009
declarando el PEPRI un expolio del patrimonio español e instando al
Ayuntamiento a corregirlo. El Gobierno valenciano respondió con una ley
para desproteger El Cabanyal, burlar la orden y seguir con los derribos.
Algo que sucedió el 6 y 8 de abril de 2010. Las excavadoras asolaron
una decena de inmuebles y la policía cargó contra los vecinos. El 14 de
abril, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el plan de
Barberá.
Desde entonces, su despacho en el barrio apenas tiene movimiento.
Contrasta con la actividad frenética de la época del boom inmobiliario,
cuando la entidad se llamaba Cabanyal 2010 y la integraban 11
constructoras que se retiraron en 2008 tras la denuncia de Salvem por
incumplir las directivas europeas de contratación. Un año antes
intentaron la expropiación forzosa urgente de 134 viviendas en la calle
San Pedro para edificar un bulevar ajardinado sobre el eje de la
ampliación. La presión fue atroz. “Nos decían que si no vendíamos,
saldríamos por el balcón. Y que ellos mismos ocuparían las viviendas”,
describe Emilio, cuyo empeño en resistir le costó el matrimonio. “La
calle se fue vaciando y mi mujer enfermó de miedo y depresión. Aquello
acabó con nosotros”, lamenta.
Los propietarios no fueron los únicos damnificados del mobbing
institucional. Por aquellas fechas Cabanyal 2010 empezó a alquilar por
unos 200€ casas sin las mínimas condiciones de habitabilidad. Familias
pobres acudían a las oficinas de la calle de la Reina atraídas por los
precios asequibles. Sin ver la casa, firmaban un contrato con cláusulas
tan abusivas como la séptima: “el arrendatario reconoce su estado [de la
vivienda]. Siendo de cuenta de la parte arrendataria las pequeñas
reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario habitual del
inmueble”. En el caso de Carlos Martínez, las “pequeñas reparaciones” de
su piso en los bloques Portuarios ascendieron a 9.000€. “Cuando entré,
la luz no estaba en regla y me exigían una deuda de 10 meses de agua por
impago de Cabanyal 2010”, critica Carlos, quien también denuncia que la
empresa inmobiliaria rescindió unilateralmente el contrato en 2008 y le
denunció por ocupación ilegal. El juicio está previsto para septiembre,
aunque el vicealcalde, Alfonso Grau, aseguró recientemente que no se
desalojará de viviendas municipales a familias sin recursos.
Quince años de embates y resistencias han dejado un paisaje
entumecido. El Ayuntamiento posee unas 500 casas. Unas 220, municipales o
particulares, presentan mal estado. Y 130 solares agujerean el barrio.
Son datos del arquitecto Tato Herrero, profesor de la Universidad
Politécnica. Algunos solares son estercoleros al aire libre. En el de
San Pedro esquina con Columbretes, un toxicómano sudoroso, la camiseta
apegada al tórax hundido, camina de puntillas sobre los cascotes.
“¿Buscas algo? ¿Marihuana? ¿Coca buena?”, susurran en Pescadores las
casas aparentemente vacías. Y en los asentamientos rumanos de Progreso y
Escalante enjambres de chiquillos desnudos envuelven a una divertida
pareja de turistas que les toma fotos. “¡Dangerous, dangerous!”, les
grita un policía desde la ventanilla del coche patrulla. Pero más que
peligrosas, las calles de la prolongación conforman un territorio
hastiado, lívido, recorrido por una alargadísima pobreza.
Al otro lado de los muros invisibles del gueto, el resto del barrio
ensaya una vida normal. Su capacidad de regeneración se ha hecho visible
en los últimos tres años libres de excavadoras. Jóvenes estudiantes se
han trasladado al Cabanyal, se han abierto multitud de comercios
burlando las trabas del Ayuntamiento a la concesión de licencias y
entidades vecinales antagónicas dialogan a la búsqueda de puntos en
común. Además, el bloqueo del gobierno regional del PP ha renovado un
cierto amor propio. Un sentimiento de ser del Cabanyal que jamás
perdieron Pepica Martí, Amparín Moreno y Angelita Danza, referentes del
Salvem por su edad y su compromiso. Para ellas, Rita Barberá es un
accidente pasajero, como los bombardeos del 36 o la riada del 57.
Alguien que no es del Cabanyal no entiende su luz ni sus fulgores. Una
calamidad más. Sólo eso. La alcaldesa del blanco, el ocre y el marrón.
